Opinión de Abraham Nuncio en La Jornada; » Sin autocontrol no hay control».

…(…)…Entre los gobiernos anegados de escándalo se halla el de Nuevo León. El faltante de 300 mil juegos de placas del Instituto de Control Vehicular; la «ordeña» de taquillas del Metro; el pago mayor no previsto de una obra denominada Torre Administrativa; el despojo de tierras a ejidatarios del municipio de Mina por parte de Humberto Medina Ainsley, padre del gobernador Rodrigo Medina, y los hermanos de éste; el favoritismo hacia empresas como Construcciones Chavana, empresa creada por Humberto Moreira, el ex gobernador de Coahuila perseguido por peculado (según información de Proceso), y el Grupo Higa –protegido de Peña Nieto–, cuyo contrato para realizar las obras del proyecto hidráulico Monterrey VI (cotizado en 14 mil millones de pesos, ya se lo calcula en más de 60 mil millones) el gobernador Medina se ha negado a mostrar públicamente. Y también, una deuda contraída por su gobierno que ha aumentado más de cien por ciento. Parte de ella, el colmo, se ha contratado para cubrir el inexplicable déficit de más de 6 mil millones de pesos que registra el erario. Son ejemplos de una lista tan larga como carente de la mínima vigilancia. Hace más de un año que la Auditoría Superior del Estado permanece acéfala.

Con un Congreso local en el que sus integrantes se han asignado o han recibido por conceptos injustificados sobrepagos, el control parlamentario sobre los actos administrativos del Ejecutivo registra una ausencia que fraterniza con la complicidad. A ocho semanas de concluir sus funciones, el PAN ha promovido condicionantes para la contratación de deuda, tanto al gobierno estatal como a los municipios. Suena a manera más bien burda de taparle el ojo al macho.

El hecho es que los soberanos estamos sujetos a los caprichos, inepcia y corrupción de nuestros representantes. Urge que la ciudadanía haga un esfuerzo mayor porque sea creado, como parte de nuestras instituciones de gobierno, el Defensor del Pueblo: organismo que, si bien dependa del Poder Legislativo, sea estrictamente ciudadano –no como los pares de IFE, INE y otros– y tenga la suficiente autonomía y fuerza para vigilar y supervisar todos los actos administrativos de los tres poderes e, incluso, en caso de desvío, prevaricación o daño al erario, actuar ex oficio como coadyuvante del Ministerio Público.

La Jornada.unam.mx

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